La discriminación en México se materializa en diferencias concretas en la vida de las personas y el actuar del Estado: en el acceso a servicios, en el gasto público, en normativas laborales y de salud y en programas públicos.
Con engaños, amenazas y condicionándole la atención médica, personal médico del IMSS consiguió que Sonia firmara un consentimiento informado para que le realizaran una Oclusión Tubaria Bilateral como método anticonceptivo. Hay una queja en trámite ante la CNDH.
Lo que han logrado las argentinas significa un aliciente en términos de alianzas, debate público y diversificación de voces y, a corto plazo, un referente para Brasil, en cuyo Supremo Tribunal Federal actualmente se llevan a cabo audiencias públicas a fin de discutir la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación.
En México, el acceso a la seguridad social se encuentra condicionado al trabajo formal, mientras que 59.1% de las y los trabadores en el país están empleados de manera informal (INEGI, 2014).
A pesar de los avances en México en materia de los derechos sexuales de la mujer, los retos para el Estado mexicano continuan pues el acceso a abortos legales y seguros para las víctimas de violencia sexual aun no es la norma en los servicios de salud.
GIRE plantea la posibilidad de una imaginaria reforma laboral que implicaría la existencia de licencias de paternidad y de maternidad, además de jornadas laborales compactadas y semanas comprimidas, condiciones que mejorarían el desempeño en el trabajo.
Andrés Manuel López Obrador no ha hablado explícitamente de género o de los derechos de las mujeres. Insistimos que su discurso sobre violencia, corrupción, impunidad y desigualdad no puede estar divorciado de la realidad de las mujeres, quienes representan más del 51% de la población.
México reportó haber llevado a cabo solo 89 interrupciones de embarazo por violación, sin necesidad de presentar denuncia, durante 2017. Sin embargo en el país se calculan 600 mil abusos sexuales al año, entre los cuales, 9 de cada 10 son mujeres.
La separación forzada de los niños y niñas de sus padres no es el resultado de una política defectuosa, ni es un accidente. Es una estrategia que se ha utilizado de forma repetida y que volvemos a ver en 2018.