En México, el acceso a la seguridad social se encuentra condicionado al trabajo formal, mientras que 59.1% de las y los trabadores en el país están empleados de manera informal (INEGI, 2014).
A pesar de los avances en México en materia de los derechos sexuales de la mujer, los retos para el Estado mexicano continuan pues el acceso a abortos legales y seguros para las víctimas de violencia sexual aun no es la norma en los servicios de salud.
GIRE plantea la posibilidad de una imaginaria reforma laboral que implicaría la existencia de licencias de paternidad y de maternidad, además de jornadas laborales compactadas y semanas comprimidas, condiciones que mejorarían el desempeño en el trabajo.
Andrés Manuel López Obrador no ha hablado explícitamente de género o de los derechos de las mujeres. Insistimos que su discurso sobre violencia, corrupción, impunidad y desigualdad no puede estar divorciado de la realidad de las mujeres, quienes representan más del 51% de la población.
México reportó haber llevado a cabo solo 89 interrupciones de embarazo por violación, sin necesidad de presentar denuncia, durante 2017. Sin embargo en el país se calculan 600 mil abusos sexuales al año, entre los cuales, 9 de cada 10 son mujeres.
La separación forzada de los niños y niñas de sus padres no es el resultado de una política defectuosa, ni es un accidente. Es una estrategia que se ha utilizado de forma repetida y que volvemos a ver en 2018.
El movimiento por el #abortolegalYA logró que el debate sobre la importancia de la legalización del aborto se diera en todo el país y todos los espacios, rompiendo con la falsa idea de que esto es algo que únicamente nos preocupa a las feministas y es un “tema de mujeres”, devolviendo su esencia democrática y política al tema.
Vivimos en una sociedad que asigna a la mujer el rol de cuidado de los hijos, basándose en un estereotipo: la preconcepción de que es a la mujer a quien corresponde la responsabilidad de la crianza, la atención y el cuidado de los hijos, sin considerar que ésta es una responsabilidad compartida de los padres, que deben participar en igual medida.
Recurrir de manera desproporcionada al derecho penal para el tratamiento de problemas sociales de la más diversa índole y origen no es, en sí mismo, compatible con un Estado democrático de Derecho.